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Información de la comunidad23/03/2011
En la siguiente nota de prensa se resumen las principales conclusiones del estudio:
Madrid, 22 de marzo de 2011. Aflorar la deuda real de nuestro sistema sanitario e instrumentar medidas para su saneamiento es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sanidad en nuestro país. Así se desprende del informe Diez Temas Candentes de la Sanidad Española para 2011, El Momento de Hacer Más con Menos, elaborado por PwC, a partir de las reflexiones de un nutrido grupo de expertos integrado por los ex ministros, Julián García Vargas y Ana Pastor; y por los presidentes y directores generales de los principales grupos hospitalarios, aseguradoras sanitarias, empresas de tecnología médica, laboratorios, consejeros de sanidad y representantes de asociaciones profesionales médicas, entre otros.
El informe expone que el sistema sanitario español tiene un déficit estimado de entre el 10% y el 15% de los presupuestos asignados por las comunidades autónomas a sanidad. Una cifra de entre 10.000 y 15.000 millones de euros que incluye, además de la deuda reconocida, una deuda oculta en forma de facturas no pagadas, que debe ser motivo de preocupación. Éste es el síntoma de una enfermedad que nuestro sistema no ha abordado con el rigor suficiente, según el estudio. La traslación a los proveedores privados de las dificultades financieras por las que atraviesan las administraciones autonómicas está haciendo peligrar la viabilidad de algunas compañías del sector. Y a la larga, puede generar una obsolescencia tecnológica del sistema. A 31 de diciembre de 2010, la deuda de medicamentos y productos sanitarios ascendía a 8.739 millones de euros y, en la actualidad, algunos proveedores están soportando plazos de pago superiores a 600 días.
En este sentido, el informe de PwC aboga por reconocer la deuda real del sistema y elaborar urgentemente un plan de pago consensuado entre las administraciones públicas y las empresas del sector.
El estudio evidencia que nuestro modelo histórico de financiación ha fracasado debido, en gran parte, a que éste sólo funciona a base de periódicos saneamientos consistentes en “poner el contador a cero” para, inmediatamente, generar más deuda. Es urgente evitar la generación de más deuda y aplicar medidas que hagan viable el modelo de financiación de la sanidad española. Estas medidas pasan por la puesta en marcha de mecanismos de control presupuestario, que impidan superar el techo de gasto sanitario presupuestado en cada comunidad autónoma (lo que haría recomendable una mayor implicación de las Consejerías de Hacienda); por considerar la posibilidad de establecer la obligatoriedad de auditorías externas para todas las entidades sanitarias y por aplicar en todas la comunidades programas sostenibles de reducción de costes y mejora de la eficiencia. En este último punto, es necesario acometer programas integrales de reducción del gasto, prestando especial atención a las partidas con mayor potencial de optimización, y reforzar la productividad del sistema “haciendo las cosas adecuadamente” y “haciendo las cosas adecuadas”.
El debate sanitario está hoy centrado en las tensiones presupuestarias y la suficiencia de los recursos sanitarios. Sin embargo, los problemas de nuestro Sistema Nacional de Salud están en buena parte condicionados por un déficit de liderazgo general y de coordinación, la falta de un sistema de gobernanza eficaz tanto a nivel nacional como autonómico y el escaso desarrollo de mecanismos de participación pública, a diferencia de otros países de nuestro entorno. La utilización de rankings y la elaboración de benchmarks entre centros e instituciones pueden constituir medidas de mejora de la calidad del sistema, como queda recogido en el informe.
En el ámbito de la sanidad privada, el estudio defiende la necesidad de preservar la oferta sanitaria privada y de continuar impulsando los esquemas de colaboración público-privada.
Finalmente, el documento recoge la necesidad de estimular la generación de innovación en nuestro país y favorecer una rápida incorporación de las innovaciones de alto valor añadido. Esto requiere mejorar los procesos de adopción de nuevas tecnologías y revisar las prestaciones actuales, suprimiendo de la financiación aquéllas que son ineficaces.
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